La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desmiente que desde la Mina de Aznalcóllar (Sevilla) se vierta agua a la cuenca del Guadiamar, tal y como afirma la organización Ecologistas en Acción. La planta de tratamiento de las aguas de esta zona minera está inactiva desde marzo de 2014, por lo que desde esa fecha no se realizan vertidos al río Guadiamar, y las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones se envían de forma íntegra a la corta de Aznalcóllar, sin conexión con el dominio público hidráulico y cuyo control depende de la Junta de Andalucía y de la propia empresa minera desde que se hizo cargo de la gestión de la misma.

La mina no tiene actualmente actividad industrial, más allá de la que marca la concesión otorgada por la Administración autonómica de gestión de los pasivos mineros que se generaron tras la rotura de la balsa en 1998 y que, tras la limpieza del río Guadiamar, se depositaron en la corta de Aznalcóllar. La gestión de estos pasivos ambientales, como se ha explicado anteriormente, es competencia de la empresa minera con supervisión de la Junta de Andalucía, aunque desde la CHG se realiza un seguimiento de la misma en aplicación del principio de precaución y para que no sea afectado, en ningún momento, el dominio público hidráulico.

Cabe destacar que, en sus labores periódicas y rigurosas de vigilancia e inspección, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha detectado ningún vertido al río Guadiamar procedente de la zona minera de Aznalcóllar.

De esta forma, la CHG quiere subrayar que son totalmente inexactas las declaraciones del portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, sobre la existencia de vertidos al dominio público hidráulico sin control y con el conocimiento de este organismo de cuenca, puesto que no se realiza ningún tipo de vertidos desde que en marzo de 2014 deja de funcionar la depuradora encargada del tratamiento de las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar.

La CHG considera inadmisible las insinuaciones de dejación de funciones o presunta prevaricación ante unos hechos tan graves como son los supuestos vertidos mineros, y se reserva la facultad de iniciar acciones legales sobre estas afirmaciones, que ponen en duda la profesionalidad, el compromiso y la honestidad de las trabajadoras y trabajadores públicos de la Confederación y, en concreto, de su Comisaría de Aguas.

La CHG entiende que las manifestaciones de Ecologistas en Acción son inexactas, tendenciosas y alarmistas. La CHG es un órgano sectorial en cuanto a los procedimientos concesionales de la actividad minera por obligación legal, al tener que controlar la gestión del agua en el dominio público hidráulico como parte de sus funciones, por lo que se exige que se respete al máximo el trabajo de este organismo.

Por otro lado, hay que señalar que los vertidos del futuro proyecto de explotación de la mina se realizarán en dominio público marítimo terrestre, por lo que su control dependerá de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, que fue también quien declaró la actividad minera como de Interés Público Superior y es responsable del otorgamiento de la licencia para ejercerla y de la tramitación ambiental.