El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, se ha reunido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, con motivo del inicio del año hidrológico, donde ha puesto de manifiesto que "la ejecución y planificación de obras de emergencia por parte del Estado, que alcanzan los 45 millones de euros, permiten asegurar el abastecimiento de agua para los próximos tres años".

Durante el encuentro ambos han analizado la evolución de las obras financiadas con esos 45 millones de euros, 27,4M€ ejecutadas y 17,4 millones en tramitación, "todo con el objetivo de atender las necesidades de la cuenca del Guadalquivir y que pueda soportar mejor las consecuencias de la falta de lluvias", ha puntualizado Fernández, que ha defendido el trabajo de planificación de un Gobierno ¿consciente de que al cambio climático hay que responder con previsión y con actuaciones eficaces para asegurar las reservas de agua".

En esta línea, ha recordado que "desde 2018 el Gobierno de España ha movilizado en Andalucía más de 1.200 millones en infraestructuras hídricas para responder a esta situación, tanto con infraestructuras de garantía de abastecimiento a la población como de mejora de los regadíos". Entre estas actuaciones ha destacado el sistema de canalizaciones de Béznar- Rules, en Granada; el túnel de San Silvestre, en Huelva; los 325 millones de euros para modernización de regadíos, que convierten en los regantes andaluces en los mayores beneficiarios de estas partidas, o los 706 millones de euros para la protección de Doñana.

A todo ello ha sumado los 138,5 millones de euros adjudicados para proyectos andaluces dentro de las distintas convocatorias del PERTE de digitalización del ciclo del agua, tanto para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío como para la mejora de la digitalización del ciclo urbano del agua.

"Pero el Gobierno de España no se ha limitado a sus competencias", ha asegurado Pedro Fernández, ¿porque en su compromiso con los andaluces, y consciente de la necesidad de que la acción política responda a los intereses de la ciudadanía, ha dado un paso más y ha afrontado actuaciones que estaban pendientes por parte de la administración andaluza, haciéndose cargo, por ejemplo, de la construcción de dos desaladores, una en la Axarquía, en Málaga, presupuestada en unos 100 millones de euros, y otra en el Levante almeriense". "Nuestro objetivo es avanzar, ir respondiendo a las necesidades reales y no dilatar en el tiempo los proyectos para ocultarlos bajo la alfombra de la confrontación política", ha aseverado.

Por su parte, Joaquín Páez ha explicado que dentro de las actuaciones para incrementar la eficacia en el almacenamiento del agua, la CHG ha finalizado ya una primera revisión de sus 52 presas, con una antigüedad media de 55 años, sobre las que se han realizado batimetrías para comprobar la posible reducción de capacidad, "con lo que hemos podido comprobar que no se ha producido una pérdida significativa de capacidad por aterramiento de sedimentos", apenas 80 hm3 de 8.115 hm3 que tiene la cuenca. Además, se han realizado las revisiones de seguridad marcadas por la normativa y se están digitalizando en BIM todas las presas, ello supondrá mejorar su explotación e incrementar su eficiencia beneficiando a todos los usuarios

Asimismo, se ha referido a los recursos para regadío y ha indicado que dependerán de cómo evolucione el año hidrológico que comenzó el pasado 1 de octubre, así como de la situación de los embalses al inicio de la próxima campaña de riego en primavera. El Comité Permanente de la Comisión de Desembalse acordó la semana pasada que durante el mes de octubre se desembalsará un volumen máximo de 30 hm³, según lo aprobado anteriormente en la Comisión de Desembalse del pasado 25 de abril, y de los que se beneficiarán aquellas comunidades de regantes que no hayan superado las dotaciones máximas autorizadas y no han concluido el desarrollo de sus cultivos.

En cuanto a las labores de vigilancia e inspección de las hectáreas de riego, Páez ha explicado que se han desarrollado actuaciones sobre una superficie de 10.500 hectáreas, en las que se han detectado 1.150 ha. de riego y 75 captaciones ilegales, que han dado lugar a la adopción de 27 medidas cautelares. Las zonas principales de actuación han sido el entorno de Doñana, la Comarca de Baza y el Guadiana Menor, el Sistema de Regulación General y los cultivos de cítricos y olivar en Córdoba y Jaén, así como abastecimientos o ríos muy presionados.